La corrupción en Guatemala
La
corrupción es un fenómeno que está presente en todos los países del mundo,
independientemente si son desarrollados o no, de su cultura o de su religión.
Sin embargo, en la medida en que se vuelve normal y sistematiza en una sociedad,
se convierte en un freno al desarrollo y crecimiento económico, que conduce a
una menor eficiencia de las instituciones públicas y privadas, y constituye un
obstáculo al incremento de la calidad de vida de su población. A pesar de ello,
la corrupción existe dentro de un buen número de instituciones públicas y
empresas privadas.
Algunas
personas sostienen que el crecimiento económico del país no se ve afectado por
la corrupción. Sin embargo, hay una relación positiva entre crecimiento
económico y la transparencia en el sector público, por lo que hace imperativo
que la corrupción sea la más mínima posible para no afectar el crecimiento. Es
decir, unos niveles más altos de corrupción corresponden a menor inversión y
crecimiento (Quiroz: 2013).
Si
bien la corrupción está desde hace décadas en Guatemala, los flujos de dinero
ilegal que circularon en las redes de corrupción del gobierno del general Otto
Pérez Molina, según las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), fueron de tal
magnitud que le otorgaron al presidente y vicepresidenta Roxana Baldetti un
poder corruptor letal, generando dominación, putrefacción de algunas
instituciones públicas y posiblemente más pobreza.
Dominación
porque se demostró que la corrupción pudo doblegar la voluntad de la verdad y
justicia, putrefacción porque usaron a algunas instituciones públicas para
cumplir con sus intereses personales, y pobreza porque en 2014 la pobreza total
aumento a 59.28%, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de
ese año.
El
Fondo Monetario Internacional (FMI) en su conferencia anual de 2017 hizo un
llamado a frenar la corrupción para impulsar el crecimiento económico y hacerlo
sostenible e inclusivo. Consideró que la reducción de la corrupción es una
reforma estructural necesaria por aplicar. Afirmó que la corrupción arraigada
es un lastre para el crecimiento económico.
El
Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2016 elaborado por Transparency
International, señala que la mayoría de los países de Latinoamérica han
mejorado en sus calificaciones de transparencia. No así en Centroamérica, con
excepción de Costa Rica.
La
Tabla #1 muestra para los años 2015 y 2016 las calificaciones del IPC para los
países centroamericanos. El score es la clasificación percibida del nivel de
corrupción del sector público en escala de 0 (extremadamente corrupto) a 100
(muy transparente).
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